Arabela Castro, ex presidenta del Congreso de la República y un miembro connotado de la administración Arzú, tuvo a bien escribirme para compartir unas reflexiones muy pertinentes en torno a los abusos que se están dando en el Congreso de la República desde que las bancadas clientelares descubrieron el poder de las interpelaciones como instrumento de negociación de prebendas. O dicho en jerga parlamentaria: “pagos de peaje…” He escrito innumerables columnas en el pasado, abordando la urgente necesidad de introducirle cambios a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Una reingeniería que regule las funciones, las atribuciones y el procedimiento en todos los ámbitos, desde el administrativo al parlamentario, para recuperar la sensatez, el sentido común, pero ante todo, el espíritu de la razón de ser de la ley constitucional que lo creó. A continuación la carta de Arabela Castro: “Al OÍDO DE LOS FUNCIONARIOS” “Escuché que un ex Ministro de Finanzas Públicas había expresado que, de tener que ejercer nuevamente algún cargo ministerial, escogería que su despacho estuviera situado al lado del Congreso de la República. He sabido también que los hoy diputados, citan a funcionarios para ejercer presión a favor de “sus recomendados” para lograr nombramientos, mejoras salariales, traslado de puesto o cualquier otra situación laboral…. Lo que es cierto es que funcionarios de alto o medio rango van y vienen al Congreso con asiduidad. La Constitución Política de la República de Guatemala, otorga al Congreso de la República, la atribución de fiscalizar al Organismo Ejecutivo, acto que cuando es encaminado a descubrir un acto de corrupción, la incapacidad de ejecución o la inexistencia de programas importantes para una comunidad, son apreciados por la ciudadanía. Sin embargo, los guatemaltecos no hemos electo diputados para que, con el consabido AFÁN CLIENTELAR pretendan nombrar, quitar, trasladar empleados del ejecutivo, imponer los proyectos que a ellos (no necesariamente a las comunidades) les convienen, pues se están entrometiendo en la labor del ORGANISMO EJECUTIVO. Recordarles que en otros países del mundo los funcionarios o los diputados que transgreden los límites de sus facultades, han sido condenados por la intromisión en las atribuciones de otro organismo. Según el artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, los Ministros de Estado, funcionarios o empleados públicos están obligados a asistir al Congreso cuando se les cite a las sesiones de los siguientes órganos legislativos: a) De bloque legislativo o Bancada; b) De comisión, c) Del Congreso de la República. Las normas que rigen estas sesiones no están señaladas, pero para “CONSTITUIR SESIÓN” se necesita que obligadamente haya quórum, tanto para la toma de decisión de citar, como para recibir la visita del funcionario. Como en toda sesión es necesario que se levante el acta correspondiente, lo cual implica que en ella quedan las justificaciones del porqué se cita al funcionario. La invitación al funcionario al pleno del Congreso basada en estas normas, no está sujeta a las mismas regulaciones que la interpelación. Los diputados al igual que cualquier otro funcionario público, solamente pueden hacer lo que la ley les permite y por lo tanto ES ILEGAL proceder a citar funcionarios sin que exista una sesión formal de los órganos legislativos ya señalados. Cabe decirle al oído del Presidente del Congreso, que en su momento las Presidencias velábamos para que las normas antes señaladas fueran cumplidas por los diputados, bancadas y comisiones.” Por: ALFRED KALTSCHMITT